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Por EMILIANO VIDAL *
El gobierno de Mauricio Macri espolea medidas que ni las dos anteriores gestiones neoliberales en democracia, la del peronista Carlos Menem y el radical, Fernando de la Rúa, a contramano de la historia de sus partidos, se animaron: reprimir a los docentes frente al símbolo democrático de los tres poderes de la República, el Palacio del Congreso de la Nación y en el mismo lugar que durante 1003 días permaneció la Carpa Blanca de los maestros, instalada el 2 de abril de 1997 y retirada el el 30 de diciembre de 1999.
Si bien aquella carpa detentaba su principal objetivo en el sueldo de los docentes y en el incremento de más fondos para la educación, los maestros reclamaban por eternas luchas populares como una mayor defensa del mercado interno, mejoras en las políticas productivas y de sustitución de importaciones y la suspensión del pago de la deuda externa. Más de tres millones de personas, incluyendo a miles de alumnos de escuelas argentinas, desfilaron por su interior, además del apoyo incondicional de diferentes personalidades como Eduardo Galeano, Mercedes Sosa, León Gieco, entre otros.
Comprender aquella Carpa y -en su lugar una década despues, la escuela Itinerante- y su principal consecuencia que fue el debate legislativo y posterior promulgación de la Ley de Financiamiento Educativo que garantizaba un fondo salarial de $660 millones de dólares, tiende un puente para entender el actual conflicto educativo de todo el país con asiento más fuerte en la provincia de Buenos Aires.
Es decir, actualmente los sueldos docentes están a cargo de las provincias, pero es el gobierno de turno, desde la administración del Estado nacional, quien garantiza un piso de ingresos en todas las escuelas y cuya principal herramienta es la paritaria nacional.
Repaso hacia atrás y hacia adelante.
Cuando Daniel Filmus se hizo cargo del Ministerio de Educación de la Nación pos crisis política y económica dinamitada el 20 de diciembre de 2001, la primera actitud del gobierno comandado por Néstor Kirchner fue ordenar el pago de salarios en las provincias más débiles financieramente e impulsar normas para el incremento de la educación técnica, del financiamiento educativo, de la garantía del salario docente y de una intensificación en la recuperación por conducir el sistema con respeto por las autonomías provinciales por parte del Estado nacional.
Bajo el ala de Carlos Menem, el Estado había desarticulado el sistema educativo, desprotegiendo a las provincias más pobres.
Es por aplicación de la ley de Financiamiento Educativo, sancionada con los ecos de la Carpa Docente, que el Estado está obligado a convocar a la paritaria nacional, que además de ordenar el funcionamiento de las escuelas, debe discutir los planes de capacitación docente y encarar los programas socioeducativos. Desde una perspectiva federal, la paritaria agrupa en una misma mesa al Estado, a las provincias y a los principales gremios de la enseñanza más importantes en relación a la cantidad de afiliados.
La paritaria es el instrumento legal por excelencia no solo de regulación de un conflicto sindical sino que establece el piso salarial docente e institucionaliza un fondo compensador financiado por el gobierno nacional de turno para aquellos estados provinciales ahogados económicamente. Su incumplimiento debilita a los sindicatos y desarticula los mecanismos naturales que hacen a una nación federal.
En esa línea, el fuero laboral también atraviesa un camino de aprietes por parte del Poder Ejecutivo en su travesía por ordenar el traspaso de los 80 juzgados a la órbita del estado de la ciudad autónoma de Buenos Aires para que de modo el actual gobierno porteño designe jueces titulares.
Sin embargo, la nula realización de la paritaria nacional docente y el incremento del conflicto con represión, fueron la base de los argumentos principales para la jueza Dora Eva Temis, a cargo del Juzgado de Primera Instancia de Trabajo N° 58, quien declaró admisible una medida cautelar presentada por la Unión Docentes Argentinos (UDA) y ordenó al Ministerio de Trabajo de la Nación a convocar en un plazo inmediato a la paritaria nacional.
De no cumplirse la disposición judicial, la principal problemática es crear una paridad desigual entre las provincias al carecer ese techo mínimo e igualitario entre los estados provinciales. La propia Ley de Financiamiento Educativo promueve un fondo de compensación salarial docente de ayuda a las provincias de menos recursos.
En este escenario se encuentra el conflicto docente cuya paritaria federal se viene llevando a cabo desde hace nueve años. Para que se entienda: el acuerdo salarial a nivel nacional es tomado como una referencia para las negociaciones provinciales. Su objetivo es establecer un salario por debajo del que no puede quedar excluido ningún maestro del país. Los sueldos docentes están a cargo de las provincias, pero es el gobierno, desde la administración del Estado nacional, quien garantiza un piso de ingresos en todas las escuelas, aun cuando por años la Nación venga auxiliando con fondos para llegar a este piso a siete provincias de menores recursos.
El problema radica en que en la negociación nacional del año pasado, las asociaciones sindicales docentes obtuvieron un aumento del 40 por ciento. Esto generó fuertes críticas de los gobernadores, quienes plantearon al gobierno macrista la dificultad de afrontar el costo dinerario. La política de condicionar a los mandatarios provinciales proviene de quien está de manera escurridiza frente a las negociaciones: el ministro de Interior y Obra Pública, Rogelio Frigerio. Frigerio, nieto del recordado homónimo pensador desarrollista, ex presidente del Banco Ciudad y de fugaz paso por la subsecretaria de Relaciones con las Provincias, consciente de la estrategia de poder en su cartera frente a los gobernadores en torno a la repartija de la obra y la coparticipación federal.
Se equivoca el gobierno nacional al no encarar la paritaria, que además del salario, impulsa el debate en temas como calidad educativa, la carrera docente y la infraestructura educativa, pero por sobre todas las cosas, es un mecanismo de estirpe federal al ser convocado por el Ministerio de Educación de la Nación, en sintonía con el Consejo Federal integrado por todos los gobernadores y sus ministros.
Cuando el Estado es cooptado como herramienta para acrecentar únicamente poder propio y así neutralizar los órganos de control y someter a las provincias, desdibuja la razón de su principal función. Es el Estado el núcleo de todas las peticiones sociales en busca del interés general y el sentido común de la política, aun cuando los portavoces del gobierno, el jefe de Gabinete, Marcos Peña y Rogelio Frigerio, sostengan que al no tener escuelas a su cargo el Gobierno nacional no debe intervenir en las paritarias, en el sinuoso camino de retener pago de fondos a las provincias más necesitadas económicamente.
- Abogado, periodista.
